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Foto de familia de la Cumbre de Mercosur en Mendoza,
Argentina. Foto: Casa
Rosada
La llegada
de Mauricio Macri a la presidencia argentina en diciembre de
2015 complicó la permanencia de Venezuela dentro
de Mercosur, una situación que se
agravó en agosto del año siguiente tras el relevo de Dilma Rousseff en Brasil.
La creciente oposición a los modos políticos del chavismo permitieron al
presidente paraguayo, Horacio Cartes, intentar su particular venganza por la
suspensión de su país tras el juicio político contra el ex presidente Fernando
Lugo, que le terminó costando el cargo.
De este modo, en diciembre de 2016, los cuatro países
miembros de Mercosur, los tres ya mencionados más Uruguay, aprobaron la suspensión
temporal de Venezuela del bloque de integración por su prolongada
demora en adaptar su legislación económica y comercial a la normativa
comunitaria. Obviamente que la deriva
autoritaria del gobierno de Nicolás Maduro, reflejada en su política
de derechos humanos y en las condiciones de detención de Leopoldo López,
contribuyeron a adoptar tan dura posición.
En la última Cumbre de Mercosur, celebrada en Mendoza
(Argentina), el pasado 21 de julio, se especuló con la expulsión de Venezuela.
En esta ocasión el motivo sería la convocatoria para la Asamblea Constituyente
a celebrarse el 30 del mismo mes. La idea de la presidencia argentina era
formular un ultimátum en los siguientes términos: en tanto la convocatoria electoral
agravaría considerablemente la convivencia entre los venezolanos y marcaría un
punto de no retorno en la deriva dictatorial del gobierno de Maduro, la
persistencia en esa línea de acción forzaría a Mercosur a aprobar la suspensión
definitiva de Caracas.
Finalmente la sangre no llegó al río y el comunicado
final aprobado no fue tan duro como esperaban argentinos y
brasileños. La postura uruguaya, contraria a inmiscuirse en asuntos de terceros
países, la tan manida no injerencia, obligó a redactar un documento menos
enérgico de lo inicialmente trascendido, que no habla de plazos ni de suspensión temporal o
definitiva.
Tras hacer “un urgente llamado al cese de toda
violencia y a la liberación de todos los detenidos por razones políticas” e
instar “al restablecimiento del orden institucional, la vigencia del Estado de
derecho y la separación de poderes, en el marco del pleno respeto de las
garantías constitucionales y los derechos humanos”, los presidentes de Mercosur
pidieron a las partes, gobierno y oposición, “no llevar a cabo ninguna
iniciativa que pueda dividir aún más a la sociedad venezolana o agravar conflictos
institucionales.”
Los apoyos recibidos por el comunicado, así como las
posturas alternativas (rechazo y abstención) dan buena cuenta de cómo la región
se alinea en torno al conflicto venezolano. En la Cumbre de Mendoza
participaron los cuatro países de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay) más Bolivia que está completando su proceso de adhesión, los seis
asociados (Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam) y México como
invitado especial. De todos ellos Bolivia se
opuso claramente al contenido de la declaración, mientras Ecuador, Perú y Surinam no lo firmaron.
La postura más beligerante corrió a cargo de Evo
Morales, quien llamó a defender al gobierno de Nicolás Maduro por haber sido
elegido por el voto popular, al tiempo que acusó a Estados Unidos de propiciar
un golpe en Venezuela, movido por su deseo de apropiarse del petróleo. Por ello
instó a los gobiernos participantes en la Cumbre a no ser cómplices de
Washington: “Nuestra obligación como región es frenar la intromisión extranjera”.
En
la Cumbre paralela, organizada por movimientos sociales kirchneristas y otros
grupos bolivarianos de la región, se vertieron argumentos similares a los de
Evo Morales. De hecho, fue el único mandatario asistente a Mendoza que tuvo
contacto con la Cumbre de los Pueblos o contracumbre. Se da la circunstancia
que desde 2006 la llamada Cumbre Social tenía reconocimiento oficial y se
realizaba de forma paralela a la cita de los presidentes. Sin embargo en esta
ocasión no fue así, dada la distancia que decidió mantener el gobierno
argentino con el movimiento bolivariano. Pero este rechazo no impidió que la
contracumbre manifestara su fuerte respaldo tanto a Nicolás Maduro como a
Cristina Fernández.
De todos modos, y pese a que el comunicado final de la
Cumbre de Mercosur fue menos duro de lo esperado, lo que muestra el desarrollo
de la cita de Mendoza es el creciente
aislamiento regional del régimen bolivariano y el
retroceso del proyecto chavista. Incluso Brasil,
en cuyas manos recaerá la presidencia rotativa del Mercosur durante el próximo
semestre, ha convocado tanto al gobierno de Maduro como a la oposición a una
ronda de negociación en Brasilia. Con independencia del éxito que tenga la
propuesta del gobierno Temer, probablemente bastante limitada, lo cierto es que
hasta hace dos años atrás era totalmente impensable que una instancia de
integración regional como Mercosur pusiera en pie de igualdad a las dos partes
hoy enfrentadas en Venezuela.
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