El referéndum
revocatorio a celebrarse para el “cese” en el poder por adelantado del
presidente Nicolás Maduro, da por descontado cualquier otra interpretación que no sea la de considerarlo
como el desarrollo de un proceso de entendimiento entre los venezolanos, que
permita su convivencia pacífica; así como la protección de amparo por parte del
Estado en contra de las violaciones de sus derechos humanos, humillaciones,
atropellos, desapariciones, asesinatos, y las detenciones indebidas; para darle
asidero permanente al profundo anhelo colectivo de que los órganos que integran
el poder público nacional, sean incompatible en el ejercicio de sus funciones y
se le impidan el papel de cirineo del Ejecutivo, lo que es evidente en la
conducta exhibida por los poderes Judicial, Ciudadano y Electoral, que integran
el poder público nacional.
La situación vivida
en Venezuela por una población víctima de las mayores calamidades: desempleo,
pobreza crítica, crisis humanitaria de salud, despilfarro administrativo,
inseguridad, hambre, presos políticos, militares activos en funciones del
gobierno ejercitándose como líderes políticos de un proceso harto cuestionado
por la opinión pública; el presidente de la república infringiendo la
Constitución con malicia manifiesta para impedir la ejecución del voto de
censura parlamentario, recaído en dos de sus ministros peor evaluados; así como
la arbitrariedad de imponer sin contrapeso judicial la prórroga del “decreto de
emergencia”, mediante el cual ha dispuesto de recursos del Estado, de bienes y
mercancías de empresas privadas, restricción del sistema monetario, sin
solución de la crisis incrementada en forma exponencial; fuerzan a los
venezolanos incluidos muchos de los que militan en el partido oficial a buscar
con inmediatez una “salida”, que nos permita resarcir el Estado de Derecho y
aventar para siempre la permanencia de un régimen fascista, antítesis del
desarrollo institucional.
El uso que del
artículo 72 de la Constitución se ha hecho para la revocación del mandato de
Nicolás Maduro, por haber transcurrido la mitad del periodo para el cual fue
elegido, es más que pertinente, por cuanto da cabida para que los ciudadanos
con pleno derecho a la participación en los asunto políticos, puedan disponer
de manera participativa del principio clásico universalmente imperante,
implícito en el control de la función pública, según el cual “quien elige
también puede revocar”.
Maduro, hoy
entredicho está incurso dentro de la viabilidad del lapso para el “cese” por adelantado de su mandato, por lo
que transcurrido más de la mitad del periodo de este, considerado como periodo
de prueba y, no habiendo cumplido con eficacia y responsabilidad el oficio que
se le fuere encomendado, duda no cabe, que debe procederse mediante el
ejercicio del sufragio a su reemplazo.
El insinuante
sentimiento de “cambio” que anima a los venezolanos, obliga a poner en marcha
un pertinaz movimiento de masas, cual mediante una acción unitaria y compactada de dirección,
entienda la necesidad de ordenar los dispositivos que aseguren el logro de tal
propósito.
La movilización para
llevar a cabo la revocación del mandato presidencial corre en paralelo con
otros eventos, cuya preclusión de lapsos los hace exigible constitucionalmente,
entre los que se encuentran: la renovación de los partidos que no sufragaron
con tarjetas propias o se abstuvieron de participar en el proceso
parlamentario, sin escapar de tal obligación: AD, Copei, VP, UNT, cuales
perdieron legitimidad al integrarse al
partido MUD como se evidencia de la publicación del CNE; así como también el sufragar en el proceso de
elección de los gobernadores de los estado y el de la representación de los consejos
legislativos.
La oposición ha
tenido desaciertos reprochables; uno de ellos, cuando abandonó el principio de
acción unitaria que imponía la lucha política; equivocación conceptual inaudita
no propia de un liderazgo combativo, que resalta irresponsabilidad manifiesta
por no haber participado en las elecciones parlamentarias que tuvieron lugar el
4 de diciembre de 2005, no obstante haber presentado listas de candidatos, bajo
el alegato de falta de garantía para el voto, lo que permitió al gobierno
reformar sin impedimento la Constitución, hacer de la habilitación medio
expedito para la elaboración de las leyes; es decir, los que fungieron como
líderes del sector opositor con tan equivocada estrategia, facilitaron los
abusos del poder sin contención alguna.
Empero, a manera de
reflexión es más que positivo asentar, que la abstención provocada, causante de
dispersión política, hubo de disminuir en forma ostensible, debido al
comportamiento de acción revolucionaria, que a la postre liquidó la
polarización y colocó al sector adverso a la política autoritaria del gobierno
en el primer lugar de las simpatías del pueblo.
Empero, como
incremento de la evolución política actualmente alcanzada, bueno es precisar
como inicio fundamental para el logro de la unidad del pueblo, la participación
de la oposición en las elecciones presidenciales realizadas el 9 de diciembre
de 2006. Los coordinadores de tal evento conformado por políticos, sectores
estudiantiles, dirigentes sindicales, gremiales y sectores progresistas de la
nación, después de un exhaustivo análisis de consulta, presentamos al
electorado la candidatura de Manuel Rosales.
Con la candidatura
del ex gobernador del Zulia, disminuye la abstención, se rescata el ejercicio
del sufragio universal, directo y secreto, convirtiendo tal medio de elección
en el instrumento más que idóneo y poderoso para el imperio de la “civilidad”.
La conducta política de los coordinadores de entonces; así como el acierto en
la escogencia de Manuel Rosales, nos lleva a reconocer que nos abrió el camino,
para que a través de la lucha democrática, se ganara el referendo
constitucional celebrado en 2007; y se recobrara más adelante el poder autónomo
de la Asamblea Nacional. Manuel Rosales en gesto que le da adhesión de
solidaridad reconoció el triunfo de Chávez; este lo persiguió, no pudo ganarle
elección alguna en el estado Zulia; y los que fueron sus denunciantes
arrepentidos inculpan al difunto presidente en tan aberrante fechoría. Manuel
Rosales hoy objeto de secuestro político se encuentra acosado por una justicia
no idónea, incapaz de ejercer el control difuso de la Constitución.
La recolección de
firma para la revocación de la ineficaz administración de Maduro no es un acto
de partido, dado que constituye una voluntad no sometida a control partidista,
que impone la conformación de un gran frente de unidad nacional.
RAFAEL RODRÍGUEZ MUDARRA
19 DE MAYO 2016
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