Luego
de una década en que las luchas por la igualdad ocuparon la escena regional, la
corrupción retornó al centro de la agenda pública. Los acontecimientos en Brasil,
Guatemala, Bolivia y Argentina confirman que la judicialización de la política
se ha impuesto en América Latina.
En los últimos meses, la
política regional se ha judicializado, causando varios problemas a presidentes
y ex presidentes: hoy en Brasil y Argentina, ayer en Chile, y no hay que
olvidar Guatemala, donde debieron renunciar el presidente Otto Pérez Molina –un
general de mano dura– y su vicepresidenta. Este caso es muy significativo ya
que, ante la dificultad para enfrentar la megacorrupción generalizada, se apeló
a un acuerdo con Naciones Unidas para crear la Comisión Internacional contra la
Impunidad en Guatemala (CICIG). Se trata de un mecanismo novedoso con tintes de
«extraterritorialidad» que plantea interesantes debates sobre el equilibrio
entre soberanía nacional –debilitada a su vez por el propio crimen organizado–
y lucha contra la impunidad, a cargo de investigadores no involucrados en las
tramas de corrupción del Estado nacional.
En este sentido, se puede afirmar que luego de una década en la que las luchas por la igualdad ocuparon la escena ha retornado la corrupción a la agenda pública, con un ímpetu mayor que el de los años noventa. Y en este marco encontramos dos escenarios judiciales reñidos con una mejor institucionalidad. Por un lado, aparecen los ejemplos en los que el Poder Judicial se vuelve parte de diferentes tipos de conspiración. Es lo que está pasando en Brasil, inmerso en una versión local del Mani Pulite que llevó a la cárcel a importantes empresarios, pero donde parte de la justicia se encuentra involucrada en el «golpe blando» para sacar a Dilma Rousseff del poder.
Por otro lado, hay ejemplos de excesivo control político de la justicia, como puede verse en Bolivia con el «caso Zapata», en referencia a una ex pareja de Evo Morales acusada de tráfico de influencias. Allí, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, actúa como un militante del oficialismo, eligiendo a quién citar en función de los propios intereses del Poder Ejecutivo, en un episodio que tiene como condimento de telenovela la existencia –en duda– de un hijo del presidente con Gabriela Zapata. Otro caso de judicialización, también en beneficio del gobierno, es la condena al líder opositor venezolano Leopoldo López. Allí es posible sostener que López cometió delitos de desestabilización, pero que al mismo tiempo su condena a más de trece años de cárcel fue política.
En este contexto, América Latina se debe un debate más profundo sobre las instituciones por fuera del desprecio «populista» al tema –bastaría con que gobierne el pueblo sin importar mucho cómo– y de la doble vara de un liberalismo «republicano» demasiado amigo de las grandes corporaciones. En síntesis: tratar de unir igualdad y decencia pública. Y prestar atención para que no pase, como en Brasil, que los corruptos puedan enarbolar impunemente las banderas de la transparencia.
En este sentido, se puede afirmar que luego de una década en la que las luchas por la igualdad ocuparon la escena ha retornado la corrupción a la agenda pública, con un ímpetu mayor que el de los años noventa. Y en este marco encontramos dos escenarios judiciales reñidos con una mejor institucionalidad. Por un lado, aparecen los ejemplos en los que el Poder Judicial se vuelve parte de diferentes tipos de conspiración. Es lo que está pasando en Brasil, inmerso en una versión local del Mani Pulite que llevó a la cárcel a importantes empresarios, pero donde parte de la justicia se encuentra involucrada en el «golpe blando» para sacar a Dilma Rousseff del poder.
Por otro lado, hay ejemplos de excesivo control político de la justicia, como puede verse en Bolivia con el «caso Zapata», en referencia a una ex pareja de Evo Morales acusada de tráfico de influencias. Allí, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, actúa como un militante del oficialismo, eligiendo a quién citar en función de los propios intereses del Poder Ejecutivo, en un episodio que tiene como condimento de telenovela la existencia –en duda– de un hijo del presidente con Gabriela Zapata. Otro caso de judicialización, también en beneficio del gobierno, es la condena al líder opositor venezolano Leopoldo López. Allí es posible sostener que López cometió delitos de desestabilización, pero que al mismo tiempo su condena a más de trece años de cárcel fue política.
En este contexto, América Latina se debe un debate más profundo sobre las instituciones por fuera del desprecio «populista» al tema –bastaría con que gobierne el pueblo sin importar mucho cómo– y de la doble vara de un liberalismo «republicano» demasiado amigo de las grandes corporaciones. En síntesis: tratar de unir igualdad y decencia pública. Y prestar atención para que no pase, como en Brasil, que los corruptos puedan enarbolar impunemente las banderas de la transparencia.
Fuente: Le Monde Diplomatique
- Edición Cono Sur
Por Pablo Stefanoni
Mayo 2016
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